De la Redacción
La industria del entretenimiento en Estados Unidos se ha unido en una fuerte condena contra lo que percibe como un asalto directo a la libertad de expresión, tras la decisión de ABC de retirar indefinidamente el programa Jimmy Kimmel Live! el miércoles.
Esta medida, impulsada por presiones regulatorias del gobierno de Donald Trump, surgió de los comentarios del conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido hace una semana en Utah. Kimmel, conocido por sus críticas recurrentes al expresidente, había sugerido en su monólogo del lunes que los aliados de Kirk buscaban "ganar puntos políticos" con su muerte, comparando el duelo de Trump con el de un niño por una mascota.
La cadena, filial de Walt Disney, cedió ante la amenaza de investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cuyo presidente, Brendan Carr —nombrado por Trump—, instó a las estaciones locales a boicotear el show, advirtiendo que "podemos hacer esto por las buenas o por las malas". Grupos como Nexstar Media y Sinclair, dueños de decenas de afiliadas de ABC, ya habían anunciado que reemplazarían el programa con tributos a Kirk, en medio de fusiones pendientes que requieren aprobación de la FCC. Trump celebró la suspensión como "grandes noticias para América", instando incluso a NBC a cancelar shows similares de Jimmy Fallon y Seth Meyers.
Sindicatos clave del sector, como SAG-AFTRA (que representa a actores) y la Federación Estadounidense de Músicos, denunciaron la acción como "censura de Estado" y una violación a los derechos constitucionales. "Suspender Jimmy Kimmel Live! es el tipo de supresión que amenaza las libertades de todos", afirmó SAG-AFTRA, subrayando que ABC no debería doblegarse ante presiones gubernamentales. Figuras como el actor Ben Stiller se sumaron en X, declarando que "esto no está bien", mientras fans y comediantes expresaban indignación por la escalada de represalias contra medios críticos.
Este incidente se enmarca en un patrón de acciones del gobierno Trump contra periodistas, académicos y figuras públicas que han comentado el caso Kirk. El presidente ha demandado al New York Times por 15 mil millones de dólares y ha forzado acuerdos con CBS y ABC en disputas previas. La FCC, bajo Carr, ha intensificado amenazas de revocación de licencias, lo que ha generado llamados en el Congreso para audiencias sobre el abuso regulatorio. Kimmel, quien no ha emitido comentarios, enfrenta un precedente que podría silenciar voces disidentes en la televisión nocturna, avivando temores de un control estatal sobre el contenido mediático en un año electoral cargado de tensiones.