De la Redacción
El 1 de octubre de 2025, a las 00:01 horas, las banderas rojinegras se alzaron en los 302 centros de trabajo del Nacional Monte de Piedad, marcando el inicio de una huelga nacional convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores. Este movimiento, respaldado unánimemente por delegados de todas las sucursales, responde a lo que los trabajadores describen como una política sistemática de acoso laboral, violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y un intento deliberado de la administración por desmantelar su organización sindical.
El conflicto tiene raíces profundas. Desde 2021, el sindicato ha señalado prácticas como intentos de despidos masivos justificados por supuesta “incosteabilidad”, a pesar de que la institución, fundada en 1775, ha reportado ingresos crecientes, impulsados por el alza en el precio del oro. En 2023, tras una huelga de más de un mes, los trabajadores aceptaron un acuerdo que implicó sacrificios significativos: reducción de personal, jornadas más largas y recortes en prestaciones. Sin embargo, el sindicato acusa a la administración, liderada por Aldo Achar, de incumplir estos compromisos y mantener una postura de hostigamiento.
Entre las principales quejas está la asignación discrecional de promociones escalafonarias, excluyendo los mecanismos transparentes establecidos en el CCT. Arturo Zayún González, secretario general del sindicato, desmintió las acusaciones de la administración de que el sindicato se negó a participar en las comisiones correspondientes, afirmando que siempre abogaron por un proceso justo. Además, denuncian la promoción de un sindicato blanco, al que se le han otorgado privilegios para dividir a los trabajadores y debilitar la representatividad del sindicato legítimo.
La disparidad salarial agrava la situación. Mientras los trabajadores operativos perciben salarios cercanos a los dos salarios mínimos, los directivos reciben ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales, incluyendo bonos y viáticos. Esto, en una institución que opera como Institución de Asistencia Privada con subsidios fiscales que representan el 40% de sus ingresos, genera indignación. A esto se suman violaciones como la negación de la media hora de comida establecida por ley y la suspensión injustificada de prestaciones colectivas.
El sindicato enfatiza que la huelga es una medida de última instancia. “No queríamos llegar a este punto, pero la cerrazón de la administración no nos dejó otra opción para defender nuestra dignidad y derechos”, expresó el Comité Ejecutivo Nacional en un comunicado. A pesar de los esfuerzos de conciliación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no se ha alcanzado un acuerdo, y la administración insiste en acusar al sindicato de incumplimientos.
Con más de 7 millones de operaciones prendarias anuales en riesgo, la paralización de las sucursales tendrá un impacto significativo en las familias que dependen de estos préstamos para subsistir. Mientras el conflicto persiste, los trabajadores reafirman su compromiso de lucha, respaldados por el 95% de apoyo en la legitimación de su CCT, en un contexto donde la unidad sindical se enfrenta a intentos de fragmentación.