(Foto: Archivo)

De la Redacción

En un movimiento que ha desatado controversia, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, emplazó a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta a donar dos hectáreas de terreno en un plazo de 30 días para construir viviendas destinadas a policías estatales.

De no cumplir, advirtió, iniciará un proceso de expropiación sobre cuatro hectáreas.

La declaración, hecha en conferencia de prensa, ha generado un intenso debate sobre los límites entre la justicia social y el respeto al derecho de propiedad.

Armenta justificó su solicitud como parte de un esfuerzo para garantizar un "techo digno" a los elementos de seguridad pública, argumentando que el 50% de los 14 mil policías poblanos carece de vivienda propia. Enfatizó que no se trata de una amenaza, sino de una "convocatoria" para que empresas como Grupo Proyecta, que han prosperado en el estado, "compartan la riqueza" en beneficio colectivo.

Según el gobernador, la iniciativa se alinea con el programa nacional de vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza a sectores como trabajadores de seguridad, madres cuidadoras y estudiantes.

El ultimátum fue acompañado de una instrucción al coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, para notificar formalmente a la empresa.

Armenta también relató haber dialogado previamente con representantes de Grupo Proyecta, a quienes propuso ceder una fracción de las miles de hectáreas que poseen en Puebla, Mérida e Irapuato, donde la inmobiliaria opera desde su fundación en el año 2000.

“Es un acto de justicia, no de presión”, afirmó, recordando que históricamente los despojos a campesinos en Puebla favorecieron intereses privados, un error que, según él, su gobierno busca revertir.

Sin embargo, la postura del gobernador ha encontrado fuerte resistencia en la oposición. Figuras como Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, calificaron el planteamiento como una amenaza que vulnera el Estado de Derecho y ahuyenta la inversión.

“La seguridad de los policías es crucial, pero no se logra intimidando a quienes generan empleo”, señaló. Por su parte, Genoveva Huerta, secretaria general del PAN en Puebla, describió el ultimátum como un reflejo del autoritarismo que, a su juicio, caracteriza a Morena.

“Gobernar requiere diálogo, no amagos”, añadió.

Diputados del PRI, como Rubén Moreira, fueron más allá, acusando a Armenta de mostrar desprecio por la inversión privada y de promover un “saqueo” a particulares.

Según Moreira, este tipo de actitudes envía un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros en un estado clave para el desarrollo económico del país. La oposición coincidió en exigir al gobernador que busque acuerdos sin recurrir a lo que consideran un “cobro de piso” disfrazado de política pública.