De la Redacción
La Fiscalía General de la República -FGR- identificó a 17 nuevas personas de interés en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a partir del análisis de 80 mil cruces telefónicos que también permitió rastrear el uso de aparatos de tres estudiantes después de los hechos.
Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa -UEILCA-, informó que el nuevo análisis de las comunicaciones permitió establecer vínculos entre policías, servidores públicos, particulares y presuntos integrantes de Guerreros Unidos que no habían sido individualizados en las indagatorias anteriores. Las 17 personas fueron identificadas para profundizar en su posible relación con los hechos.
De acuerdo con la indagatoria, la revisión permitió identificar a personas que utilizaron los teléfonos de Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez después de su desaparición, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Según la Unidad Especial, el aparato de Tizapa Legideño fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por Mauro "N", ex servidor público de Iguala. El hallazgo derivó en una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y desaparición forzada.
El teléfono de Cruz Mendoza fue utilizado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal que estaba en funciones la noche de los ataques y, posteriormente, por su pareja. Pazarán informó que el agente cambió de número y reutilizó el equipo. La Fiscalía investiga su posible participación en la detención y desaparición de los estudiantes.
En el caso de Caballero Sánchez, los investigadores establecieron que su aparato fue utilizado después de los hechos por la pareja de un ex servidor público asignado a la barandilla municipal de Iguala la noche de los ataques. Este último hallazgo fortaleció una línea de investigación sobre el posible traslado de un grupo de normalistas a las instalaciones de la Policía Municipal, según expuso el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.
Medina explicó que los hallazgos forman parte de una revisión integral de documentos, testimonios, registros y dictámenes periciales reunidos a lo largo de 12 años.
"Esta nueva etapa parte del reanálisis integral de millones de documentos, registros telefónicos, declaraciones y dictámenes periciales que han sido acumulados durante estos 12 años", expuso.
El subsecretario explicó que la nueva etapa busca aprovechar la información acumulada en el expediente y revisar líneas de investigación que no fueron agotadas.
"La instrucción fue no empezar desde cero, revisar todo lo que se ha investigado con una mirada fresca y renovada. Aprovechar las nuevas tecnologías profundizar en la información disponible y no dejar de atender líneas de investigación preexistentes o que no fueron agotadas y que puedan ayudar a saber lo que ocurrió esa noche y dónde están los estudiantes", señaló.
La Fiscalía reportó un avance cercano al 90 por ciento en la digitalización y sistematización de una investigación integrada por aproximadamente 5 millones de páginas distribuidas en 3 mil tomos.
"Este proceso no se limita al simple escaneo de documentos, sino que busca ordenar, vincular y analizar conjuntamente toda la información disponible mediante herramientas tecnológicas", explicó el subsecretario. Añadió que el objetivo es detectar relaciones que no habían sido advertidas, identificar a otras personas que puedan aportar información y sustentar nuevas acciones ministeriales.
Sobre el posible traslado a barandilla, Medina informó que el uso del teléfono de Caballero Sánchez se suma a las declaraciones de cuatro ex policías municipales, dos integrantes de Guerreros Unidos y un estudiante sobreviviente sobre el posible traslado de normalistas a la barandilla de Iguala.
Uno de los testimonios refiere que aproximadamente 17 estudiantes estuvieron en esas instalaciones antes de ser llevados a un destino que continúa sin establecerse.
Medina sostuvo que los nuevos elementos contradicen la versión de José Ulises "N", localizado en Estados Unidos, quien negó que los jóvenes hubieran ingresado a la barandilla.
El Gobierno busca obtener su comparecencia ante las autoridades mexicanas para esclarecer lo ocurrido. La Unidad Especial investiga quiénes recibieron a los estudiantes, cuánto tiempo permanecieron en las instalaciones y qué sucedió después de su presunto traslado.