De la Redacción

El 3 de mayo de 1991, la ciudad de Córdoba, Veracruz, se vio sacudida por una catástrofe que marcó un antes y un después en la vida de sus habitantes. Alrededor de la una de la tarde, un voraz incendio estalló en la planta de Agroquímicos del Golfo S.A. (Anaversa), ubicada en el corazón de La Estación, un barrio populoso de la ciudad.

Esta fábrica, dedicada a la producción de fertilizantes y pesticidas, se convirtió en el epicentro de un desastre ambiental y humano cuyas consecuencias persisten hasta el día de hoy.

El fuego, desencadenado por un cortocircuito en una bodega repleta de químicos, liberó al aire sustancias altamente tóxicas como malatión, paratión y diazinón, insecticidas prohibidos en muchos países por su peligrosidad. La respuesta inicial fue caótica: los bomberos, sin equipo especializado ni conocimiento de los compuestos involucrados, intentaron apagar las llamas con agua, lo que, aunque evitó una explosión mayor, dispersó los contaminantes por la zona. En medio del pánico, voluntarios y vecinos evacuaron a cientos de niños de escuelas cercanas, como la primaria Sherwell y el kínder Froebel, mientras el ejército acordonaba el área. Sin embargo, la falta de protocolos para manejar desastres químicos permitió que miles de personas inhalaran los gases venenosos.

A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades minimizaron sus efectos. No se realizaron investigaciones exhaustivas, no se sancionó a la empresa de manera significativa, y el número exacto de víctimas nunca fue reconocido oficialmente. Durante las décadas siguientes, los habitantes de La Estación reportaron un aumento alarmante de enfermedades como cáncer, problemas respiratorios y afecciones cutáneas, atribuidas a la exposición a los químicos. La Asociación de Afectados por Anaversa, liderada por Rosalinda Huerta Rivadeneyra, calcula que más de mil 500 personas han fallecido por enfermedades relacionadas, incluyendo leucemia y linfomas, aunque el gobierno nunca ha aceptado estas cifras.

La negligencia no comenzó con el incendio. Durante años, los vecinos habían denunciado olores químicos, mareos y malestares, pero sus quejas fueron ignoradas. Incluso días antes del desastre, dos pequeños incendios en la planta pasaron desapercibidos, una señal de alerta que pudo haber evitado la tragedia. En 1991, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 99/1991, señalando la responsabilidad de las secretarías de Salud y Desarrollo Urbano y Ecología, pero no hubo consecuencias ni medidas de reparación.

El terreno donde operaba Anaversa, clausurado desde el incendio, sigue siendo una amenaza. En 2023, se denunció la remoción ilegal de escombros contaminados, lo que demuestra la persistente falta de supervisión. Estudios han confirmado la presencia de dioxinas en el suelo, agua y aire, mientras los residentes enfrentan problemas de salud crónicos, desde malformaciones congénitas hasta enfermedades oncológicas. La lucha de los afectados ha dado frutos parciales: en 2022, el accidente fue reconocido como tragedia municipal, y se instauró el Día Municipal para la Prevención de Desastres Químicos.

Sin embargo, la descontaminación del sitio y la creación de un hospital especializado en oncología, demandas centrales de los sobrevivientes, siguen sin cumplirse.

La tragedia de Anaversa es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la negligencia y la falta de justicia. Más de 30 años después, las familias afectadas continúan exigiendo verdad, atención médica y la limpieza del sitio contaminado. Su lucha no solo busca reparar el daño, sino garantizar que nunca se repita un desastre de tal magnitud.