De la Redacción
En un operativo reciente en el municipio de Juan Galindo, Puebla, autoridades locales, apoyadas por el Ejército y la Marina, clausuraron una granja de minería de Bitcoin que funcionaba de manera ilegal en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
La operación, que utilizaba un sofisticado sistema de robo de electricidad, conocido como huachicoleo de luz, fue descubierta tras meses de denuncias por parte de los habitantes de Nuevo Necaxa.
Desde finales de 2023, los vecinos reportaron actividades sospechosas en un inmueble del SME, originalmente destinado a estacionamiento y salón de usos múltiples. Según los pobladores, el lugar emitía un zumbido constante, atribuido a ventiladores que operaban sin cesar, incluso de madrugada. Además, señalaron la presencia de transformadores trifásicos capaces de suministrar energía equivalente al consumo de un centenar de hogares, así como la llegada de personas ajenas a la comunidad, algunas vinculadas al diputado local Miguel Márquez Ríos, exdirigente del SME.
Las investigaciones, que culminaron en enero de 2025, revelaron que el sitio albergaba cientos de servidores apilados hasta el techo, conectados de forma ilícita a líneas de alta tensión de 23 mil voltios. Este complejo sistema permitía la minería de Bitcoin, una actividad que, según estimaciones, requiere hasta 450 mil kilovatios por hora para generar una sola criptomoneda, suficiente para cargar miles de vehículos eléctricos. Las autoridades también encontraron evidencia de instalaciones similares en el Campamento de Luz y Fuerza del Centro, en la comunidad de Salto Chico.
Un video difundido por el medio E-Consulta mostró la magnitud de la operación, con equipos informáticos funcionando a máxima capacidad gracias a la energía robada.
La revista Proceso destacó que la granja operaba con un esquema técnico avanzado, diseñado para maximizar la producción de criptomonedas mientras evadía los costos energéticos. Este hallazgo pone en evidencia los crecientes retos que enfrentan las autoridades para combatir el uso indebido de recursos eléctricos en actividades de alto consumo como la minería de criptomonedas.