De la Redacción
El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, permanece bajo custodia en un centro de detención migratoria en Miami, Florida, tras ser arrestado por autoridades estadounidenses. Prófugo de la justicia en su país natal, Álvarez Puga enfrenta ahora un proceso de deportación, aunque ha solicitado asilo alegando persecución política.
Según registros judiciales del 15 de octubre, el arresto ocurrió el 24 de septiembre a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fue trasladado al Centro de Procesamiento North Krome, en Miami, debido a su estatus migratorio irregular. Álvarez Puga había entrado legalmente a Estados Unidos el 14 de enero de 2021, con autorización para quedarse hasta el 13 de julio de ese año.
Su itinerario posterior complicó su situación: abandonó el territorio estadounidense el 9 de julio rumbo a las Bahamas, pero regresó al día siguiente en una embarcación. Apenas 24 horas después, el 11 de julio, presentó una solicitud de asilo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). En su petición, argumentó temor fundado a regresar a México por "persecución debido a sus creencias políticas conservadoras" y su afiliación a un "grupo social específico". La solicitud permanece en trámite, sin resolución hasta la fecha.
Detenido con el objetivo de proceder a su deportación por falta de estatus legal, Álvarez Puga impugnó la medida en tribunales. Alegó violaciones a sus derechos y exigió una audiencia para fianza. La jueza federal Cecilia M. Altonaga falló a su favor, ordenando que se programe una audiencia individual de fianza de inmediato; de lo contrario, deberá ser liberado bajo condiciones alternativas.
Este episodio se suma a las graves imputaciones que pesan sobre él en México. Desde 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de captura contra Álvarez Puga y Gómez Mont —cuyo paradero actual es desconocido— por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y evasión fiscal. Las autoridades mexicanas lo vinculan a una trama de empresas fantasma utilizadas para simular operaciones comerciales y desviar fondos públicos, con un monto estimado en hasta 3 mil millones de pesos.