Redacción
Un nuevo caso ha generado controversia en Guadalajara tras la confesión pública de Naomi Sofía Figueroa Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, quien en una transmisión en vivo en redes sociales admitió haber participado en el sacrificio de un perro como parte de un ritual de santería. Según sus declaraciones, el acto tenía como propósito “quitar enemigos del camino”.
La funcionaria explicó que esta práctica está vinculada a su creencia en la religión orisha, afirmando: “Fue un sacrificio importante… cortaron a un perro para protegerme de quienes me quieren dañar. Todos caerán”.
Figueroa Álvarez, de acuerdo con información de Grupo Reforma, trabaja como colaboradora especializada en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, una dependencia enfocada en fomentar la convivencia y el bienestar social, bajo la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.
Fue contratada el 18 de marzo de 2025, con un salario bruto mensual de 18,400 pesos, que incluye apoyos por despensa y transporte.
El caso ha desatado indignación en redes sociales, donde colectivos defensores de los animales han exigido al gobierno municipal, liderado por Verónica Delgadillo, una investigación exhaustiva y la destitución inmediata de la funcionaria.
La legislación de Jalisco es clara al respecto: el Código Penal estatal sanciona el maltrato animal con penas de seis meses a tres años de prisión y multas de 200 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales prohíbe en su artículo 17 causar la muerte de animales sin justificación, y el artículo 25, fracción XII, veta explícitamente el uso de animales en ritos o tradiciones que comprometan su bienestar, sin excepciones por motivos religiosos.
La situación se agrava por la contradicción entre las acciones de Figueroa y los valores de la dependencia donde labora, cuya misión es promover el respeto y la armonía comunitaria.
Este contraste ha intensificado las críticas hacia la funcionaria y el silencio del Ayuntamiento, que hasta el momento no ha emitido un posicionamiento oficial.
Naomi Figueroa es hija de Susana Priscila Álvarez Hernández, exdirectora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), quien en 2019 fue sancionada por realizar un viaje no autorizado y ha sido señalada en un presunto caso de desfalco.
Actualmente, Álvarez Hernández trabaja en el gobierno estatal con un salario superior a los 50,000 pesos mensuales, según datos de Grupo Reforma.