De la Redacción
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo ante la Asamblea General que existen indicios bien fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y que esa práctica persiste, por lo que pidió considerar con carácter urgente la situación del país.
Al presentar el informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que la conclusión se sustentó en información proporcionada por el Estado mexicano, contribuciones de víctimas y organizaciones civiles, así como en antecedentes reunidos desde 2012.
"El órgano concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica", afirmó.
En la sesión también participó la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Grażyna Baranowska. La delegación mexicana rechazó la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Albán Alencastro explicó que el Comité concluyó por primera vez el procedimiento previsto en ese artículo, que permite llevar situaciones particularmente graves a la atención de la Asamblea General para movilizar cooperación internacional.
"El artículo 34 es un mecanismo preventivo excepcional de alerta que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias", señaló.
Precisó que la decisión no constituye una determinación de responsabilidad internacional contra México. "Tampoco encontró el Comité que existieran indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión", puntualizó.
Aunque reconoció esfuerzos de las autoridades mexicanas, advirtió que persisten problemas estructurales. Explicó que corresponde a la Asamblea General considerar posibilidades de cooperación y apoyo en búsqueda de personas, investigación, esclarecimiento de la verdad, atención de la crisis forense y protección de las víctimas y sus familias.
Durante su intervención, la delegación de México aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y que el Estado no consiente ni tolera este delito. "México rechaza la interpretación del Comité contra la desaparición forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional", expresó.
La representación mexicana sostuvo que las desapariciones son cometidas principalmente por grupos delictivos, aunque reconoció la participación de autoridades. "En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político. Hoy, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal. En todos los casos, se debe investigar y sancionar", declaró.
Como parte de su respuesta, informó que durante 2026 fueron localizadas más de 16 mil personas, la mayoría con vida, y que se fortalecieron la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana. También señaló que se integró, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de especialistas para revisar científicamente el registro nacional de personas desaparecidas.
En su réplica, Albán Alencastro felicitó las localizaciones reportadas y consideró que representan un primer resultado de la activación del artículo 34. Expresó su expectativa de que la cooperación internacional se mantenga y confirmó que el organismo continuará monitoreando la situación mexicana.