De la Redacción
Chihuahua.-La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, calificó como un documento “con muchas incongruencias” y “mal hecho” el citatorio que recibió el sábado pasado por parte de la Fiscalía General de la República, en el que se le pide acudir a declarar el próximo miércoles en Ciudad Juárez.
Tras participar en la mesa de seguridad realizada en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria señaló que atenderá el requerimiento y subrayó que continuará con su labor al frente del estado, al tiempo que indicó que su equipo valora jurídicamente el contenido del citatorio.
Campos sostuvo que siempre ha actuado apegada a la ley y que no tiene inconveniente en dar la cara, aunque enfatizó la necesidad de cuidar el debido proceso y la presunción de inocencia. Durante una atención a medios en la capital del estado, la gobernadora criticó que no se respete su fuero constitucional y comparó su situación con la del senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien cuenta con orden de aprehensión en la entidad. Mencionó que recientemente se vio a Corral junto al también senador Enrique Inzunza y agregó que en el país “se persigue a quienes hacen su trabajo y se protege a quien está vinculado con el narcotráfico, dígase Javier Corral, dígase Rubén Rocha, dígase Inzunza”. Además, recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla sanciones cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos.
Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se refirió al tema y recomendó al PAN que, además de convocar movilizaciones, contrate abogados para enfrentar el caso de la gobernadora ante una posible violación a la Constitución y a la ley. El legislador consideró que el partido debe diseñar una estrategia jurídica frente a probables delitos relacionados con la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano y señaló que las movilizaciones son un derecho, pero que la defensa debe expresarse con argumentos jurídicos claros.
Monreal aseguró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a Maru Campos forman parte de procedimientos estrictamente constitucionales y rechazó cualquier uso político o faccioso de la institución. Asimismo, descartó que exista la intención de detener a la mandataria estatal, al recordar que cuenta con fuero constitucional y que cualquier acción penal requeriría previamente un proceso de desafuero.