De la Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios carece de los elementos necesarios para proceder.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, explicó que tras un análisis detallado de la petición enviada por la Embajada de Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se encontraron pruebas que justifiquen la urgencia de la detención provisional ni elementos que acrediten la comisión de algún delito.

El funcionario señaló que la solicitud estadounidense se trata de una medida cautelar, cuyo propósito es evitar que las personas reclamadas se sustraigan a la acción de la justicia. Sin embargo, precisó que este tipo de peticiones deben ir acompañadas de fundamentos sólidos y evidencia que demuestre la necesidad inmediata de la detención.

La FGR concluyó que la solicitud presentada no cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos, ni con la Ley de Extradición Internacional. Entre las principales deficiencias se encuentran la ausencia de justificación de urgencia y la falta de pruebas anexas que sustenten las imputaciones.

Ante esta situación, la Fiscalía anunció que enviará una comunicación oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar formalmente a Estados Unidos todas las pruebas, argumentos, informes y documentos adicionales que respalden su petición. Esta información deberá ser entregada por canales que garanticen la confidencialidad del proceso.

Jiménez Vázquez enfatizó que, una vez recibida la documentación completa, la FGR realizará un nuevo análisis para determinar si la solicitud cumple con los requisitos legales. Mientras tanto, la institución no puede emitir un posicionamiento definitivo sobre el caso.

De manera paralela, la FGR informó que continúa con sus propias investigaciones sobre los posibles hechos ocurridos en territorio mexicano, actuando siempre dentro del marco del Estado de derecho.

El caso sigue en desarrollo a la espera de la respuesta de las autoridades estadounidenses.