De la Redacción
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para negar el próximo 19 de noviembre dos amparos pendientes de empresas de Ricardo Salinas Pliego, tras confirmar ayer siete créditos fiscales por 47 mil 407 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los casos involucran a Nueva Elektra del Milenio, con una multa de 67 millones de pesos, y a Total Play, con un crédito fiscal de 645.7 millones por impuestos omitidos en 2011.
En el caso de Elektra, la ministra Lenia Batres propone revocar un amparo otorgado por un tribunal colegiado, que cuestionaba la capacidad del SAT para fiscalizar directamente a la sociedad controladora en el régimen de consolidación fiscal de 2012. Batres rechaza este argumento y busca que el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revise otros planteamientos de la empresa, que no fueron analizados previamente. Este proceso, pendiente desde mayo de 2024, aún no implica un pago inmediato para Elektra.
Por su parte, el caso de Total Play se centra en deducciones indebidas para reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque en marzo de 2024 la Segunda Sala de la Corte validó una deducción de 621.9 millones de pesos por comisiones a distribuidores, otras por gastos de fabricación, anticipos y viajes fueron rechazadas. Tras una nueva sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en septiembre, Total Play presentó otro amparo, ahora contra un artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, considerado inconstitucional.
Dos ministras presentan posturas opuestas para el 19 de noviembre: Yasmín Esquivel propone desechar el recurso por falta de relevancia, mientras Batres aboga por analizarlo y confirmar la negativa de amparo, declarando constitucional el artículo en disputa. En ambos escenarios, Total Play conserva el derecho a que el SAT recalcule el crédito fiscal considerando la deducción autorizada, lo que alarga el litigio. A diferencia de los fallos de ayer, estos casos aún enfrentan trámites judiciales y administrativos antes de resoluciones definitivas.