De la Redacción

La entrega masiva de 29 capos a Estados Unidos ha generado un gran debate en México. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la decisión se tomó debido a que existía un riesgo de que algunos de ellos fueran liberados o beneficiados por jueces federales para seguir atrasando sus procesos de extradición.

García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad sabía del riesgo de que algunos capos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos. También mencionó que la entrega fue una decisión colegiada del gabinete de seguridad y que no tuvo nada que ver la presidenta Claudia Sheinbaum.

La entrega de los 29 capos se llevó a cabo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos y contó con la participación de 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República.

Judicatura responde

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó la acusación de García Harfuch y pidió que se presenten pruebas sobre sus dichos.

A través de un comunicado, el Consejo llamó al funcionario federal a presentar pruebas de lo declarado este 28 de febrero en conferencia de prensa.

“La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que, en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”.

El CJF también insistió en que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece.

Además, destacó que “en tales condiciones, en un Estado de derecho lo conducente es acudir a las instancias”.

De igual forma, la Judicatura destacó que cada resolución tomada es “susceptible de ser impugnada” y reiteró su compromiso con la justicia y el Estado de derecho.

“La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reafirma su compromiso con la justicia y el Estado de derecho y aclara que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece”.