De la Redacción

En la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma judicial propuesta por su gobierno se ha convertido en un tema central de discusión, tanto a nivel nacional como internacional. Este 3 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión y votación de esta reforma, la cual ha generado opiniones divididas entre legisladores y la ciudadanía.

La reforma, presentada por López Obrador en febrero pasado, busca modificar varios aspectos de la Constitución en materia judicial. A continuación, se detallan los cuatro cambios más significativos propuestos:

1. Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

•Reducción de miembros: La SCJN se reduciría de 11 a 9 ministros.•Periodo de encargo: El mandato de los ministros se reduciría de 15 a 12 años.

•Eliminación de Salas: La Corte sesionaría únicamente en Pleno, y todas sus sesiones serían públicas.

•Pensión vitalicia: Se eliminaría la pensión vitalicia para ministros actuales y futuros.

•Remuneraciones: Los salarios de los ministros se ajustarían al tope máximo establecido para el Presidente de la República.

2. Elección popular de ministros, magistrados y jueces

La reforma propone que los ministros de la SCJN, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal (PJF) sean elegidos mediante voto popular, modificando el Artículo 95 de la Constitución. De ser aprobada, en 2025 se llevaría a cabo una elección extraordinaria para renovar todos estos cargos.

Los candidatos serían propuestos por los tres Poderes de la Unión y elegidos a nivel nacional. Las campañas electorales tendrían una duración de 60 días, sin etapa de precampañas, y no se permitiría el financiamiento público o privado. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sería el encargado de verificar las candidaturas y organizar las elecciones.

3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal

La reforma plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años. Este tribunal tendría la facultad de investigar a ministros, magistrados, jueces y otros miembros del Poder Judicial por actos contrarios a la ley, incluyendo corrupción, tráfico de influencias, y otros delitos graves.

Asimismo, se propone la creación de un Órgano de Administración Judicial, que se encargaría de las funciones administrativas del Poder Judicial, incluyendo la elaboración del presupuesto y el control interno.

4. Nuevas reglas procesales

•Justicia expedita: Se establece un plazo máximo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. La demora en estos plazos podría ser sancionada.

•Suspensiones: Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos y otras acciones legales.

•Justicia local: Se propone que los Poderes Judiciales de las entidades federativas establezcan reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces.

•Fideicomisos del Poder Judicial: Se plantea que los fideicomisos concluyan una vez que se resuelvan los juicios pendientes, reintegrándose los recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

División de opiniones

La discusión sobre la reforma ha polarizado tanto a legisladores como a la ciudadanía. Algunos apoyan las propuestas de AMLO, argumentando que estas medidas democratizarán el Poder Judicial y reducirán la corrupción. Otros, sin embargo, ven con preocupación la posibilidad de que estas reformas comprometan la independencia del Poder Judicial y politicen la justicia.

La reforma también ha captado la atención de Estados Unidos y otros actores internacionales, quienes observan de cerca los posibles cambios en la estructura judicial de México.