De la Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que su partido, Morena, buscará aprobar la reforma al Poder Judicial durante el próximo periodo parlamentario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre.

Esta reforma forma parte de un paquete de 20 modificaciones constitucionales propuestas por el mandatario en febrero pasado, con el objetivo de transformar diversas áreas del sistema judicial del país. 

A continuación, se explican los cuatro cambios principales que contempla esta propuesta:

1. Elección de jueces y magistrados por voto popular

La reforma propone modificar el artículo 95 de la Constitución para que los jueces sean elegidos mediante voto directo y secreto por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 años actuales. Si se aprueba, en 2025 se llevaría a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces, permitiendo que los actuales titulares puedan ser candidatos. Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los periodos en el cargo variarían entre ocho, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación. Actualmente, los ministros son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras que los magistrados y jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

2. Nueva integración de la SCJN

La reforma también propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a nueve y acortar su periodo en el cargo de 15 a 12 años. Además, se eliminarían las dos salas actuales del máximo tribunal, y todas las sesiones se realizarían en pleno, con el objetivo de hacerlas públicas y transparentes. Otro cambio significativo es la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros, así como un ajuste en sus remuneraciones al máximo establecido para el presidente de México, que es de aproximadamente 154 mil pesos mensuales.

3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

La reforma plantea sustituir el actual CJF, que se encarga de la administración y vigilancia de los jueces, por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial se encargaría de las funciones administrativas, la carrera judicial y el control interno, además de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. El Órgano de Administración Judicial estaría compuesto por cinco miembros designados para un periodo de seis años, nombrados por el Poder Ejecutivo, el Senado y la SCJN. Este órgano tendría la responsabilidad de recibir denuncias y llevar a cabo investigaciones sobre la conducta de ministros, magistrados, jueces y personal judicial.

4. Nuevas reglas procesales

La propuesta de reforma incluye la implementación de cuatro nuevas reglas procesales:

•Justicia expedita: Se establece un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos fiscales y de un año para asuntos penales.

•Suspensiones: Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en casos de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

•Justicia local: Los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como para la creación de órganos de administración y disciplina independientes.

•Fideicomisos del Poder Judicial: Una vez concluidos los juicios pendientes, los recursos deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.

La reforma al Poder Judicial es uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno, con el objetivo de transformar el sistema judicial mexicano para hacerlo más eficiente, transparente y accesible para la ciudadanía.

Con información de CNN