De la Redacción

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez ha presentado una impugnación al proceso electoral 2023-2024, solicitando una investigación y sanciones contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su presunta intromisión en el proceso electoral, así como por la violencia e intervención del crimen organizado.

En un comunicado, Gálvez, quien no logró ganar las elecciones presidenciales, afirmó que no busca la anulación de los comicios, sino que el Primer Mandatario sea sancionado por su interferencia en el proceso electoral. 

La candidata explicó que presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con el objetivo de aportar pruebas que influyan en la calificación de la elección presidencial y que sus argumentos sean considerados en la sentencia.

Gálvez destacó que las elecciones del 2 de junio no fueron limpias ni justas, ya que se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. 

"Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al Presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo: en un partido de futbol con dos tarjetas amarillas te expulsan, y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió, y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar", declaró.

Además, Gálvez solicitó al Tribunal que investigue el uso de recursos públicos en la campaña de Sheinbaum, señalando que el Presidente presentó programas sociales como propios y sugirió que si otro partido ganaba, dichos programas serían eliminados.

En el documento entregado al Instituto Nacional Electoral (INE), Xóchitl Gálvez recordó que, antes del inicio del proceso electoral, el Presidente utilizó las conferencias matutinas para actuar como un auténtico "jefe de campaña" de Claudia Sheinbaum. También denunció una intervención sistemática y reiterada de gobernadores que promocionaron la candidatura de Sheinbaum.

Gálvez hizo un llamado a las autoridades electorales para que emitan garantías de reparación y aseguren que no se repitan estas prácticas, argumentando que la intervención del Presidente en el proceso electoral se ha convertido en una parte integral del modelo de comunicación política del partido Morena.