De la Redacción

México.- El dictamen que redefine la política habitacional del país fue turnado al Ejecutivo Federal tras su aprobación en el Senado.

La nueva Ley de Vivienda autoriza al gobierno a construir casas habitación utilizando los fondos de ahorro de los trabajadores y abre la puerta para que instituciones públicas participen directamente en la edificación y renta de inmuebles.

Con la reforma, el Infonavit y el Fovissste estarán facultados para construir, adquirir, rehabilitar y arrendar viviendas, además de urbanizar terrenos y desarrollar unidades habitacionales. La legislación sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, en concordancia con la reforma constitucional de 2024 y estándares internacionales.

Qué Implica el Nuevo Concepto de Vivienda Adecuada

La norma incorpora siete elementos propuestos por ONU-Hábitat: accesibilidad, asequibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad jurídica y ubicación estratégica, entre otros. El objetivo es garantizar condiciones integrales para el bienestar de las personas, más allá de la simple posesión de un inmueble.

Posturas en el Pleno del Senado

La senadora Guadalupe Chavira, de Morena, defendió la iniciativa y aseguró que no compromete los recursos de los derechohabientes. “La subcuenta individual del trabajador está blindada y no se toca, ni desaparece el fondo de vivienda de más de 867 mil millones de pesos y tampoco se desequilibra el mercado inmobiliario”, señaló en tribuna. Agregó que con esta reforma “el modelo se transforma, se democratiza porque el acceso a la vivienda será más justo para todos y se enfrentará el rezago. Los recursos del Infonavit y del Fovissste son para las y los trabajadores de ese régimen y para nadie más”.

En contraste, la senadora Gina Gerardina Campuzano, del PAN, cuestionó el origen de los recursos. Afirmó que el dinero para la construcción “no saldrá del Gobierno, sino del ahorro de millones de trabajadores que asciende a 2.4 billones de pesos; este dinero no es del gobierno, es el ahorro y el patrimonio de mexicanos que trabajan, se esfuerzan y ahorran”.

Por su parte, Mely Romero Celis, del PRI, celebró que la norma incluya los siete elementos para una vivienda digna planteados por ONU-Hábitat. No obstante, acusó que se entregarán “las llaves de los ahorros de los trabajadores” para que ese dinero fluya hacia una constructora estatal opaca.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales reconoció la intención de fortalecer el derecho a una vivienda digna en México. Sin embargo, advirtió que la modificación al artículo 56 abre la posibilidad para que se usen los fondos de los trabajadores del Estado para construir inmuebles sin haberles consultado al respecto.