De la Redacción
En un operativo sin precedentes, la Fiscalía General de la República (FGR) ha destapado una compleja red de contrabando de combustibles que opera a través de 555 empresas y ocho puertos estratégicos de México.
Esta investigación, que ha puesto en jaque a funcionarios de alto rango y empresarios, revela un esquema de importación ilegal, falsificación de documentos y distribución ilícita que afecta la economía nacional y la seguridad de los puertos marítimos.
Puertos bajo la lupa
Los puertos de Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán se han convertido en epicentros de lo que las autoridades denominan "huachicol fiscal". Según la FGR, estas terminales marítimas son utilizadas para introducir y distribuir combustibles de manera ilícita, aprovechando su importancia estratégica como puntos de entrada y salida de hidrocarburos. En Veracruz, por ejemplo, se han detectado descargas de combustibles respaldadas por documentos falsificados, mientras que en Lázaro Cárdenas se realizan operaciones a pesar de las limitaciones técnicas del puerto.
Modus operandi
La investigación detalla dos métodos principales utilizados por esta red. El primero implica la compra de combustibles en Estados Unidos, su importación a México y su venta a precios por debajo del mercado nacional. Para encubrir estas operaciones, los implicados recurren a pedimentos de importación clonados, facturas alteradas y empresas de transporte sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En muchos casos, los documentos presentados carecen de información clave o son registrados como cancelados al llegar a su destino.
El segundo método opera principalmente en el puerto de Veracruz, donde embarcaciones descargan hidrocarburos sin acreditar su origen legal. Si no logran completar la descarga, las embarcaciones regresan a mar abierto para repetir el proceso con nueva documentación falsa. En algunos casos, el combustible es trasladado a Lázaro Cárdenas, sorteando las restricciones técnicas del puerto.
Un escándalo que alcanza altos mandos
La investigación ha salpicado a figuras de alto perfil, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Farías Laguna, actualmente detenido en el penal de El Altiplano por delincuencia organizada, está vinculado a 13,273 registros de comunicaciones relacionados con aduanas en Ensenada, Guaymas, Manzanillo y Veracruz entre julio de 2023 y junio de 2025. La FGR ha emitido órdenes de aprehensión contra 13 personas, señalando la magnitud de esta red criminal.
Empresas en la mira
El entramado empresarial incluye nombres como Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Era Tech Combustibles, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, y Grupo Potesta, entre otras. Estas compañías, que operan como importadoras, comercializadoras, transportistas, gasolineras o factureras, están distribuidas en estados como Estado de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. De las 555 empresas identificadas desde 2021, al menos 108 presentan irregularidades, como la falta de permisos, ventas a precios sospechosamente bajos, manipulación de dispositivos electrónicos de venta y emisión de facturas inconsistentes.
Investigación
La FGR ha empleado métodos avanzados para desmantelar esta red.
A través de la técnica judicial 692/2025-I, autorizada en abril de 2025, se rastrearon 101 números telefónicos asociados a empresas y personas físicas. Este análisis permitió identificar patrones de comunicación en las inmediaciones de aduanas y puertos, con un caso notable que registró 1,126 comunicaciones cerca de siete aduanas clave. Estos datos han sido fundamentales para mapear la actividad ilícita y vincular a los implicados.
Con información de El Universal