De la Redacción
En un acto de memoria y justicia, el próximo 3 de mayo se conmemorarán 34 años del desastre químico de Anaversa, ocurrido en 1991 en Córdoba, Veracruz, considerado el más grave en la historia de México.
Este evento, que marcó la vida de miles de personas, será el eje de una iniciativa legislativa presentada hoy para declarar el 3 de mayo como el Día Nacional de Prevención de los Desastres Químicos. La propuesta, impulsada por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, busca no solo honrar a las víctimas, sino también visibilizar las consecuencias de una tragedia que el Estado mexicano minimizó durante décadas.
El 3 de mayo de 1991, a las 13:30 horas, un incendio seguido de explosiones en la planta de Agricultura Nacional de Veracruz S.A. (Anaversa) liberó al ambiente una nube de sustancias altamente tóxicas, incluyendo dioxinas y furanos. Esta empresa, dedicada a la producción y almacenamiento de plaguicidas, operaba sin los protocolos de seguridad adecuados, lo que agravó las consecuencias del siniestro. Miles de habitantes de Córdoba, trabajadores de la planta y bomberos —quienes enfrentaron el fuego sin equipo especializado— quedaron expuestos a compuestos peligrosos que han dejado secuelas de salud hasta la actualidad.
Acompañada por víctimas y activistas, como Rosalinda Huerta Rivadeneyra, quien desde su labor como presidenta de la Asociación de Asistencia a los a Afectados por Anaversa A.C ha luchado incansablemente por justicia, la senadora Castillo Juárez destacó la necesidad de reconocer oficialmente este desastre.
“No fue un simple accidente, como se quiso hacer creer. Las dioxinas encontradas en el suelo superaban 245 veces los límites permitidos en países como Estados Unidos y Europa. Las enfermedades, el dolor y las pérdidas persisten”, afirmó. La legisladora también propuso un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal ofrezca una disculpa pública a los sobrevivientes y se comprometa a reparar el daño.
Entre las demandas históricas de los afectados está la construcción de un Hospital General Regional y un centro oncológico en Córdoba, una necesidad urgente dada la incidencia de enfermedades relacionadas con la exposición a químicos tóxicos. A pesar de que el proyecto del hospital cuenta con un presupuesto asignado de tres mil millones de pesos, la falta de un terreno donado por el ayuntamiento ha frenado su avance.
“Es inadmisible que, teniendo la oportunidad de atender a la población, aún no se haya concretado esta obra”, señaló Huerta Rivadeneyra, quien también denunció la opacidad en la gestión de los predios ofrecidos.
Otro aspecto crucial de la iniciativa es la solicitud a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para reabrir la queja presentada en 1991, que derivó en la recomendación 99/1991.
Esta recomendación, dirigida a los entonces secretarios de Salud y Desarrollo Urbano, exigía la reparación del daño, pero fue declarada cumplida en 1999 sin satisfacer las demandas de las víctimas. “No hubo auditorías, no se transparentaron los expedientes, y la población quedó desprotegida. Fue un crimen estructurado”, afirmó Huerta, quien acompañó personalmente el traslado de tejidos y muestras de leche materna a laboratorios internacionales, sin que los resultados fueran entregados a la comunidad.