De la Redacción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), así como en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y empresas vinculadas a procesos de adjudicación pública.
A través de un comunicado, el órgano superior de fiscalización informó que el expediente en curso abarca tanto a autoridades administrativas del sistema electoral como a proveedores del sector privado.
“La investigación abarca al INE, los OPLES, así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados”, indicó.
Precisó que ya cuenta con elementos documentales e indicios que apuntan a irregularidades en el manejo presupuestal, señalando esquemas de concertación indebida y desvío.
“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, señaló.
La ASF subrayó que estas diligencias se fundamentan en las nuevas atribuciones legales conferidas al organismo en materia de investigación administrativa, comprometiéndose a desahogar los procedimientos con independencia, objetividad y rigor técnico para esclarecer los montos erogados.
La intervención de la ASF se produce en medio de la controversia desatada por contrataciones asignadas a las firmas Corporativo ZEG y Cajas Graf. De acuerdo con denuncias públicas, excolaboradores adscritos a la presidencia del INE fungieron como apoderados legales de dichas empresas, las cuales fueron inscritas en el Padrón de Proveedores del instituto semanas después de renovarse la titularidad del Consejo General.
Ambas compañías registraban expedientes previos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares y una investigación abierta en 2024 ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas.
Durante el ejercicio electoral de 2024, el INE les otorgó una adjudicación directa por 197 millones de pesos para la producción de mamparas y urnas, luego de declarar desierta la licitación previa.
Asimismo, existen antecedentes de convenios por más de 60 millones de pesos concedidos a estos mismos proveedores en entidades federativas como Sonora y Chihuahua.
Frente a los señalamientos, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo días atrás que solicitaría la presencia de la ASF para auditar las licitaciones en entredicho y afirmó que las personas cuestionadas ya no laboran en el instituto, dejando las responsabilidades individuales en manos del Órgano Interno de Control (OIC).
Por su parte, representaciones partidistas como la fuerza política Somos solicitaron que la presidenta del INE se separe provisionalmente del cargo en tanto se desahogan las pesquisas.
En contraste, diversas consejerías electorales marcaron distancia de la administración de los contratos, señalando que las adjudicaciones recaen en las áreas ejecutivas, al tiempo que llamaron a conducir las investigaciones bajo los cauces institucionales y con plena rendición de cuentas.