De la Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes una iniciativa de reforma constitucional ante el Senado de la República con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidios y avanzar hacia una ley general que combata este delito de manera homogénea en todo el país.

La propuesta busca modificar el artículo 73, numeral XXI, inciso a, de la Constitución para incluir expresamente el término “feminicidio” dentro de las facultades del Congreso para crear leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

En la exposición de motivos, la mandataria federal explicó que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todas las entidades federativas.

Entre los lineamientos principales que contendría la futura ley general destacan:

• Establecer un tipo penal homogéneo, con sanciones y agravantes claros.
• Homologar estándares de investigación con perspectiva de género.
• Fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
• Garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación del daño.
• Mejorar la coordinación entre instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Además, la iniciativa contempla una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad por feminicidio, garantizando atención integral, servicios de salud física y mental, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación del daño.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que esta ley general establecerá que el feminicidio no prescribirá, no tendrá atenuantes ni beneficios de ley para los culpables.

La Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. El asunto será informado al pleno durante la sesión del próximo 7 de abril.

Con esta reforma constitucional se busca dar el primer paso jurídico para contar con un marco legal más sólido y uniforme en la lucha contra el feminicidio a nivel nacional.