De la Redacción
En un fallo histórico, el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Veracruz sentenció a 40 años de prisión a cinco elementos de la Secretaría de Marina (Semar) por su implicación en la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, un caso ocurrido el 25 de septiembre de 2015 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
Este hecho, que marcó un precedente en la justicia contra las fuerzas armadas en la entidad, fue dado a conocer por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD).
Los sentenciados, identificados como Feliciano N, Anáhuac N, Héctor Emanuel N, Miguel Ángel N y Pedro Iván N, participaron en el crimen cometido durante el “Operativo Blindaje Coatzacoalcos” (OBC), una estrategia de seguridad impulsada en mayo de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte. Este operativo involucró a la Policía Naval, Fuerza Civil y Seguridad Pública, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región, pero derivó en graves violaciones a los derechos humanos.
El día de los hechos, Jacob Vicente Jiménez González y otras tres personas viajaban en un taxi por la carretera de Barillas, en Coatzacoalcos, cuando fueron interceptados en un retén por elementos de la Policía Naval y otras corporaciones. Según el reporte, los ocupantes fueron obligados a descender del vehículo a punta de pistola y detenidos. Desde entonces, no se ha tenido noticia de su paradero. El IMDHD señaló que, en el marco del OBC, al menos 35 personas desaparecieron en Coatzacoalcos entre mayo y septiembre de 2015, en distintos puntos y momentos, lo que evidencia un patrón de abusos durante dicho operativo.
La resolución judicial no solo establece la condena de los responsables, sino que también ordena medidas de reparación integral para la familia de la víctima. El juez dispuso que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con la búsqueda inmediata y efectiva de Jacob. Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá otorgar una indemnización por daños materiales e inmateriales en un plazo máximo de un año, además de proporcionar atención psicológica y psiquiátrica gratuita y especializada a los familiares.
Como parte de las medidas de no repetición, las tres corporaciones involucradas en el “Operativo Blindaje Coatzacoalcos” —Policía Naval, Fuerza Civil y Seguridad Pública— deberán realizar un acto público para reconocer su responsabilidad en los hechos. Este paso busca garantizar que violaciones similares, no se repitan en el futuro.
El IMDHD destacó la relevancia de esta sentencia, que representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada cometidos por fuerzas del Estado.