El diputado José Reveriano Marín Hernández presentó una Iniciativa en la que plantea, al reformar el Código Penal del estado, fomentar un ambiente escolar seguro y respetuoso tanto para el alumnado, como para el personal educativo, a efecto de sancionar las denuncias falsas, basadas en hechos no ciertos, estableciendo consecuencias legales para quienes presentan acusaciones infundadas en contra de docentes, directivos y del personal de apoyo y asistencia a la educación del sector educativo estatal.
De igual manera, propone reformar la Ley de Educación del estado, para que los protocolos de actuación sean bien aplicados por las autoridades del ramo, garantizando el debido proceso para asegurar un procedimiento legal y justo en caso de ser acusados, además de proteger la imagen profesional tomando acciones para limpiar la reputación de quienes hayan sido víctimas de acusaciones falsas.
El legislador señala que en distintas entidades del país, incluido Veracruz, han sido documentadas agresiones físicas, verbales y psicológicas contra docentes, personal administrativo y directivos de instituciones educativas. Estos hechos han derivado en lesiones graves, denuncias falsas, hostigamiento público e incluso homicidios, en el peor de los casos. Ejemplificó esto con el caso de “la maestra Tere” en San Juan del Río, Querétaro.
Destaca el activismo surgido en el nivel nacional a favor de proteger a maestras y maestros de denuncias falsas que afectarán su desarrollo personal y profesional y sancionar a quienes, valiéndose de disposiciones legales a favor de proteger el interés superior de la niñez, hacen acusaciones injuriosas sin pruebas y carentes de sustento jurídico en contra de personal docente, mismas que, después de complicados procesos administrativos y penales quedan desestimadas, sin responsabilidad para el denunciante, no obstante el daño causado a la carrera y persona de la maestra o maestro falsamente denunciado.
En este contexto, Reveriano Marín afirma que el entorno social contemporáneo ha colocado a las y los trabajadores de la educación en una posición cada vez más vulnerable frente a la violencia, la desconfianza y la desvalorización social de su quehacer. Advirtió que agresiones verbales o físicas por parte de alumnos, padres de familia o incluso terceros ajenos a la institución, campañas de difamación, amenazas o denuncias sin fundamento en contra de docentes, directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación son cada vez más frecuentes.
El diputado propone adicionar el Artículo 333 Bis al Código Penal del estado para imponer una pena de cuatro a nueve años de prisión y multa de cien a 500 días de salario mínimo a quien formule ante una autoridad administrativa, de supervisión profesional o judicial una queja o denuncia de manera dolosa en contra de docentes, directivos y del personal de apoyo y asistencia a la educación en ejercicio de una actividad educativa, imputándole hechos falsos o inexistentes en el desempeño de su profesión o función.
Con la adhesión de los grupos legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 333 Bis al Código Penal y reforma la fracción XI del Artículo 171 y adiciona la fracción VII al Artículo 18 de la Ley de Educación, ambos ordenamientos del estado de Veracruz, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura.