De la Redacción

Ciudad de México.- Tras las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, el Congreso de la Unión se encuentra a la espera de recibir la información y las pruebas correspondientes para evaluar si procede un juicio de desafuero.

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitaron formalmente a las autoridades estadounidenses elementos de prueba sólidos que sustenten las imputaciones. Una vez que se reciba dicha documentación, corresponderá a la Cámara de Diputados analizar si existen las condiciones para retirar el fuero constitucional a los funcionarios señalados.

El fuero protege a altos funcionarios públicos, entre ellos gobernadores, senadores, diputados federales, ministros de la Suprema Corte y secretarios de Estado, impidiendo su procesamiento penal ordinario sin previa declaración de procedencia.

En el caso de un gobernador, si la Cámara de Diputados aprueba el desafuero, el Senado de la República tendría que declarar la desaparición de poderes en Sinaloa y nombrar a un gobernador interino, en tanto se convoca a nuevas elecciones.

El proceso de desafuero inicia con una denuncia de la FGR ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que cuenta con 60 días hábiles para emitir un dictamen. Posteriormente, el Pleno se convierte en Jurado de Procedencia y, en caso de aprobarse por mayoría absoluta, el funcionario pierde inmediatamente su inmunidad procesal.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya descartó solicitar licencia para separarse del cargo. Afirmó que no teme ser detenido y aseguró que enfrentará personalmente cualquier proceso judicial, al tiempo que consideró que las acusaciones carecen de pruebas sólidas.

En su conferencia matutina de este jueves 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció la postura del gobierno federal: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”. Sheinbaum indicó que la FGR deberá proceder conforme a derecho solo si recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana. Sin embargo, advirtió que no se permitirá ninguna intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en asuntos que competen exclusivamente a México.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades mexicanas esperan la documentación solicitada a Estados Unidos.