De la Redacción
El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, se encuentra en el centro de una serie de controversias que han escalado hasta denuncias penales y señalamientos públicos por presuntos actos de extorsión y manejo indebido de patrimonio cultural.
La empresa Tequila Cuervo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco en contra del alcalde y otros funcionarios, acusándolos del delito de extorsión. Según la tequilera, el gobierno municipal pretendía cobrar 60 millones de pesos por concepto de adeudos de predial, cantidad que consideraron excesiva e injustificada. Tras varios llamados sin respuesta para regularizar la situación, la empresa denunció que las autoridades procedieron a clausurar la Fábrica 1800 el pasado 6 de diciembre, argumentando operación sin licencia municipal, incumplimiento de contribuciones y evasión fiscal.
Aunque se realizó una mesa de diálogo con mediación del gobierno estatal y se informó de supuestos acuerdos, la denuncia penal por extorsión siguió adelante. Otras empresas de la región también han presentado quejas similares contra las autoridades municipales por presiones y cobros irregulares.
Otro episodio que ha generado cuestionamientos graves involucra el Museo Nacional del Tequila, inmueble histórico de finales del siglo XIX. Medios locales reportaron que el alcalde realizó modificaciones no autorizadas y utilizó el recinto como residencia privada. En junio de 2025, elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Guardia Nacional, aseguraron el edificio por irregularidades detectadas.
La Secretaría de Gobernación requirió al alcalde un informe detallado de lo sucedido, ya que cualquier intervención en un inmueble histórico debe contar con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Ante estos hechos, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, publicó un comunicado en el que rechazó encubrir o proteger a cualquier persona involucrada en actos irregulares. El partido subrayó que el combate a la corrupción es una política de Estado que debe aplicarse sin excepciones ni distinción de colores partidistas, y que corresponde a las instituciones llevar las investigaciones con apego total a la ley.
“En Morena no hay intocables ni pactos de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido. Cuando existen elementos debe investigarse y castigarse”, afirmó la presidenta nacional del partido.