De la Redacción
Un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado se escribió este 8 de septiembre de 2025, con la captura de Anuar González Hemadi, ex juez federal de Veracruz, señalado como pieza clave en una red de “huachicol fiscal” que operaba a gran escala en México.
Su detención, resultado de un mega operativo del Gabinete de Seguridad federal, ha destapado una compleja trama que vincula a empresarios, ex funcionarios y hasta familiares de figuras políticas con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
González Hemadi, de 49 años, no es un desconocido en los titulares. En 2017, su nombre saltó a la fama por una decisión que desató indignación nacional: otorgar un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los implicados en el caso de “Los Porkys”, un grupo de jóvenes acusados de violar a la menor Daphne Fernández en Veracruz. Esta resolución, ampliamente criticada, marcó el inicio de su declive, culminando en su destitución en 2019 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que lo acusó de corrupción, “actuar en contra de constancias” y cometer “errores inexcusables”. Sin embargo, su trayectoria no terminó ahí.
Según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), González Hemadi resurgió en 2023 como apoderado legal de Mefra Fletes, una empresa con sede en Tampico que, bajo la fachada de una compañía de transporte, movilizaba miles de millones de litros de combustible robado. Documentos oficiales revelan que, desde noviembre de 2023, el ex juez figuraba como representante legal de esta compañía, la misma que en marzo de 2025 fue sorprendida en un megadecomiso de huachicol en Altamira, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California. Este operativo marcó un golpe histórico contra el tráfico ilícito de hidrocarburos.
La red desmantelada no solo involucra a González Hemadi, sino también a figuras de peso como el empresario Roberto Blanco Cantú, cuya empresa Mefra Fletes está en el centro de la investigación. Su hermano, Rigoberto Blanco Cantú, ya había sido señalado en 2022 por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel del Golfo, lo que añade una capa de complejidad al caso. La estructura criminal, según MCCI, también incluye a ex funcionarios y empresarios locales, así como familiares de políticos, tejiendo una red que operaba con aparente impunidad.