De la Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca eliminar privilegios en las pensiones de altos funcionarios públicos y establecer un tope máximo equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal.

La propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución y responde a la detección de jubilaciones “exorbitantes” en varias paraestatales, donde algunos ex altos mandos reciben mensualmente cantidades superiores a lo que percibe la presidenta, el director general de Pemex o incluso el monto máximo del ISSSTE y el IMSS.

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló las cifras más relevantes:

• Luz y Fuerza del Centro (extinta): 14 mil 73 jubilados reciben 28 mil 74 millones de pesos anuales; 9 mil 457 cobran entre 100 mil y un millón de pesos mensuales.
• Pemex: 22 mil 316 jubilados cuestan 24 mil 844 millones anuales; 544 superan el salario de la presidenta (1 mil 827 millones anuales).
• CFE: 54 mil 8 jubilados implican 40 mil 950 millones al año; 2 mil 199 superan el sueldo presidencial (4 mil 496 millones anuales).
• Nafin: 1 mil 449 jubilados cuestan 643 millones; 9 superan el salario presidencial.
• Banobras: 1 mil 521 jubilados cuestan 1 mil 29 millones; 19 superan el salario presidencial.
• Bancomext: 966 jubilados cuestan 766 millones; 22 superan el salario presidencial.

Buenrostro resaltó que el promedio nacional de pensión es de 7 mil 92 pesos mensuales (INEGI 2024), mientras que algunos jubilados de LyFC reciben hasta 140 veces más. La funcionaria aclaró que las cifras corresponden exclusivamente a altos mandos y régimen de confianza, no a trabajadores de base ni sindicalizados.

La presidenta enfatizó: “No estamos hablando de trabajadores con contrato colectivo, de base, ni de Pemex, CFE o la extinta Luz y Fuerza, sino de altos mandos”.

La iniciativa, impulsada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo (Esthela Damián Peralta), se fundamenta en austeridad republicana, humanismo mexicano, responsabilidad financiera y el principio de “pensiones sin privilegios”.

La reforma busca que, a partir de su aprobación, las pensiones de altos funcionarios no superen la mitad del salario del presidente de la República, eliminando montos que actualmente alcanzan hasta 39 veces el promedio nacional.