De la Redacción

El gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, que llegó al poder con la bandera de la honestidad y la lucha contra la corrupción, enfrenta hoy un escándalo que lo desmiente: un daño patrimonial histórico en la Secretaría de Salud, con desvíos que superan los dos mil millones de pesos.

Lejos de cumplir su promesa de romper con las prácticas del pasado, la administración morenista parece haberlas perfeccionado, dejando tras de sí un rastro de contratos opacos, empresas fantasma y hospitales en crisis.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2023 se detectaron irregularidades por casi mil 600 millones de pesos en los Servicios de Salud de Veracruz.

La ASF ha ordenado a la Contraloría General abrir 24 investigaciones contra funcionarios implicados en adjudicaciones directas a empresas de dudosa procedencia, muchas de ellas creadas recientemente o ligadas a casos previos de corrupción. Este esquema, que operó sin controles efectivos, benefició a proveedores cuestionados mientras el sistema de salud colapsaba.

En el centro de este entramado está Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de la Secretaría de Salud y figura clave en el círculo de confianza de García.

Durante todo el sexenio, Sisniega mantuvo un control férreo sobre las finanzas de la dependencia, incluso ante los relevos de titulares: Roberto Ramos Alor (2018-2022), Gerardo Díaz Morales (2022-2023) y Guadalupe Díaz del Castillo Flores (2023).

Hoy, mientras aspira a una diputación por Poza Rica y se reinventa como empresario inmobiliario, su gestión es señalada como el eje de las operaciones que drenaron los recursos públicos.

Un caso emblemático es el de Productos Serel, parte del Corporativo Kosmos, que entre 2020 y 2023 recibió más de 290 millones de pesos por servicios de alimentación hospitalaria.

Esta empresa, vinculada al “Cártel de la Comida” y sancionada por irregularidades como proveer alimentos en mal estado, no solo mantuvo contratos con el gobierno de García, sino que vio crecer sus ingresos, aun cuando sus cuentas estaban congeladas a nivel federal. Este hecho pone en evidencia una contradicción: mientras la 4T prometía justicia, en Veracruz se protegía a los mismos actores señalados en el pasado.

El impacto de estas irregularidades trasciende los números. Hospitales sin insumos, pacientes sin medicamentos y un sistema de salud al borde del colapso son el costo humano de un desvío que, según las auditorías, repitió los vicios de administraciones anteriores, pero con un nuevo sello político. La retórica de la transformación no evitó que las viejas prácticas prosperaran, ahora bajo el amparo de un discurso renovador.

Ni Cuitláhuac García ni Sisniega han respondido públicamente a las acusaciones

Con información de Proceso