De la Redacción
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta sobre la falsificación y venta ilegal de Cialis, también conocido como tadalafil.
Este medicamento, en su presentación de una caja con cuatro tabletas de 20 mg, es utilizado para tratar la disfunción eréctil e hiperplasia prostática y pertenece a la empresa Eli Lilly y Compañía de México.
La alerta se centra en los lotes A913777k y A915110M de Cialis (tadalafil), los cuales no son reconocidos ni comercializados por la empresa titular del registro sanitario. Además, estos lotes se distribuyen en sitios no autorizados. Cofepris advirtió que la distribución y comercialización de estos medicamentos, así como de otros productos sin licencia y responsable sanitario, constituyen una infracción a la Ley General de Salud.
Cofepris recomendó a la población, especialmente a los hombres afectados por la disfunción eréctil e hiperplasia prostática, que no adquieran el medicamento Cialis, sin importar la fecha de caducidad, ni las presentaciones en frasco de 30 y 10 cápsulas. Estos productos son falsificados y no están reconocidos por la empresa titular del registro.
En un análisis de los empaques primario y secundario, Cofepris reveló varias irregularidades en el medicamento, confirmando así que se trata de un producto falsificado. La Comisión afirmó que no puede garantizar la seguridad, eficacia y calidad de estos productos.
Las tabletas de Cialis están clasificadas como medicamento fracción IV, lo que significa que su venta requiere receta médica. Sin embargo, Cofepris ha detectado una comercialización ilegal de Cialis en presentaciones en frasco con 30 y 10 cápsulas, las cuales no están autorizadas por la Comisión.
Cofepris alertó que el consumo de fármacos de origen desconocido y sin información sobre sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte representa un grave riesgo para la salud, que puede incluso llevar a la muerte. Por esta razón, la Comisión realiza acciones de vigilancia sanitaria para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria y pongan en riesgo la salud de la población.